lunes, 19 de octubre de 2009

DENUNCIA CONTRA 5 VOCALES SUPREMOS.

DENUNCIA CONTRA 5 VOCALES SUPREMOS PERUANOS.
(nota de prensa)
El ex congresista Heriberto Benitez Rivas denuncio a los miembros de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidida por Jose Luis Lecaros Cornejo e integrada por Raul Alfonso Valdez Roca, Hector Wilfredo Jose Ponce de Mier, Hugo Antonio Molina Ordonez y Jose Bayardo Calderon Castillo, por haber atropellado los derechos fundamentales y haber cometido graves violaciones al debido proceso legal en la tramitación de un pedido de extradicion solicitado por el Buro Nº 24 del Ministerio de Seguridad Publica de la República Popular China;y, asimismo, pidio formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que proceda a su inmediata destitucion.

HERIBERTO BENITEZ RIVAS


"Los magistrados supremos resolvieron favorablemente un pedido de extradicion, por defraudación de rentas de aduanas, contra un ciudadano chino, sin considerar que dicha solicitud es contraria a las leyes peruanas, ya que en China esa figura criminal es sancionada con cadena perpetua o pena de muerte; y, segun el articulo 517º del Codigo Procesal Penal peruano, no procede la extradicion de ninguna persona, en aquellos casos en que el Estado requiriente no asegure que no le aplicara la pena de muerte" sostuvo Benitez Rivas.

"Los vocales supremos, temerariamente, decidieron entregar a una persona sin tener la seguridad que la Republica Popular China no le aplicara la pena de muerte, sin ni siquiera tener a la vista una traduccion oficial del articulo 151º del Codigo Penal Chino; además, tampoco estudiaron el expediente, ni analizaron los tratados internacionales, ni tuvieron en cuenta las leyes peruanas vigentes, lo cual resulta inaceptable e inadmisible para un Tribunal Supremo" comento Benitez Rivas.

"Todas las barbaridades juridicas y atrocidades legales cometidas por los integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la tramitación de la extradición solicitada por la Reública Popular China, estan plenamente demostradas y/o comprobadas en la accion constitucional de habeas corpus declarada fundada por el propio Poder Judicial (Exp. Nº 15-09-HC) y que salio publicada, en el diario oficial "El Peruano", el pasado 13 de octubre del 2009" informo Benitez Rivas.

Finalmente, Benitez Rivas, señalo que la conducta de los miembros de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema esta descrita como un hecho grave que compromete la dignidad del cargo y lo desmerece en el concepto publico; y, segun el inciso segundo del articulo 31º de la Ley Organica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deben ser destituidos.

Lima, 19 de octubre del 2009
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sábado, 17 de octubre de 2009

Juicio muy extraño

Juicio muy extraño

Defensa del periodista asesinado ve algo raro bajo la mesa y pide reprogramar juicio contra ex alcalde Luis Valdez.
(FUENTE DIARIO LA PRIMERA - PERU)


Patricia Rivera, la hija del periodista Alberto Rivera, asesinado en abril del año 2004 en Pucallpa, denunció que existe algo "bajo la mesa" en el quiebre del inicio del juicio oral contra el ex alcalde del distrito de Coronel Portillo, Luis Valdez, acusado de ser autor intelectual de la muerte del hombre de prensa.


El juicio contra el ex alcalde Luis Valdez volvió a fojas cero.


"Me parece muy extraño que se frustre el inicio del juicio justo cuando la Tercera Sala Penal iba a tomar las declaraciones de Valdez. Me parece que allí hay algo bajo la mesa. No hay voluntad por parte de la Sala para llevar un debido proceso. Espero que los magistrados tomen conciencia de que hay que encontrar justicia", dijo Patricia.

Por su parte, Silvia Romero, abogada de los deudos del periodista, informó a LA PRIMERA que solicitó ayer la reprogramación del juicio por el asesinato de Alberto Rivera.

"No es posible que por un formalismo absurdo quiebren el juicio, todo porque el fiscal demoró 15 minutos en llegar a la audiencia. Es más que extraño este quiebre, desde el principio la Sala estaba llevando el juicio al límite porque programaban las audiencias cada 8 días, que es el plazo máximo para quebrar un proceso. Esperamos que el juicio se reinicie lo más pronto posible y que esta semana informen la nueva fecha, ya que desde el año 2004 estamos en la misma situación de aplazamientos y más aplazamientos por diversas excusas como la enfermedad y hospitalización de Valdez", sostuvo la abogada.

Según las normas procesales, un juicio puede quebrarse si es que pasan ocho días y no se cumple con las diligencias programadas por un tribunal. "Luchamos en Pucallpa porque no se brindaba un debido proceso, ahora en Lima sucede lo mismo.

¿Dónde vamos a encontrar un juicio justo? Si no lo encontramos en Lima ¿Dónde lo podemos encontrar?", declaró.


jueves, 15 de octubre de 2009

Hay algunos jueces intocables

Hay algunos jueces intocables
FUENTE: DIARIO LA PRIMERA- PERU / HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS - COLUMNISTA "EL DEDO EN LA LLAGA"




La Constitución Política determina que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, las cuales no surten efecto jurisdiccional alguno, ni deben interferir en el procedimiento judicial; sin embargo, aquellas pesquisas resultan incomodas cuando aparecen nombres de algunos miembros de la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) o de magistrados cercanos al Poder Ejecutivo que se consideran intocables.


Las vacas sagradas del Palacio de Justicia no aceptan ser tocadas, ni con el pétalo de una rosa; incluso, se sienten tan endiosados, que mencionarlos en alguna investigación parlamentaria resulta una ofensa a la judicatura.

Ítem más, los jueces ligados al partido de gobierno deben cuidar al jefe de Estado de las tareas de fiscalización que realiza el Poder Legislativo, ya que todos podrían estar seriamente comprometidos en graves ilícitos penales.

Dichos magistrados saben, perfectamente, que las indagaciones pueden concluir con acusaciones constitucionales.
El Congreso analiza la responsabilidad política o penal de altos funcionarios. Por eso, algunos jueces vinculados al gobierno se alteran y ponen nerviosos; es más, están asustados, por las consecuencias y exigen una protección corporativa.

Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 139º de la Ley Fundamental establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos; en consecuencia, el órgano jurisdiccional no debe alarmarse por la solicitud del Poder Legislativo para que les proporcionen determinadas piezas procesales.

El ordenamiento jurídico vigente debe respetarse; no cabe utilizar ningún pretexto para no acatar los dispositivos legales.

No existe ninguna justificación, ni argumento legal para que algún juez o Tribunal se niegue u oponga a entregar el material requerido por una Comisión de Investigación del Congreso.

El Poder Judicial (PJ) no puede resistirse a cumplir el requerimiento de los legisladores.

Actualmente, existe un vergonzoso enfrentamiento entre dos poderes del Estado que resulta perjudicial para el sistema democrático y el propio Estado Constitucional de Derecho; estamos ante una situación muy delicada e inaceptable.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, en honor a la verdad, ridiculizó, públicamente, a un grupo de parlamentarios que acudieron al Palacio de Justicia.


El presidente del Congreso amenazó con denunciar a la magistrada del 34º Juzgado Penal de Lima, por un delito que ha sido derogado; y, en plena batalla legal incursionó el presidente del Consejo de Ministros (PCM) pidiendo la divulgación de los audios, creando una mayor confusión.

Esta extraña solicitud del portavoz del gobierno, ligado partidariamente al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (quien es jefe directo de la jueza a cargo de las pesquisas) hace suponer que el tema ya estaría políticamente controlado y, seguramente, los audios comprometedores desaparecieron.

Fantasma de El Frontón tras García y Giampietri

Fantasma de El Frontón tras García y Giampietri
Tribunal decide establecer quiénes son los autores intelectuales de debelamiento del motín de presos por terrorismo.
(FUENTE DIARIO LA PRIMERA - PERU)





El desproporcionado debelamiento del motín de presos por terrorismo será juzgado



La situación penal del presidente Alan García, así como la de su primer vicepresidente, Luis Giampietri, y también del ex ministro aprista Agustín Mantilla Campos podría complicarse, porque la Sala Penal Nacional admitió el lunes último el pedido de la Fiscal Superior Penal Nacional, Luz del Carmen Ibáñez, para determinar quiénes son los autores intelectuales del cruento debelamiento del motín de presos en El Frontón, ocurrido en junio de 1986, cuando en Lima se realizaba una cumbre de la Internacional Socialista.



Prueba de fuego"Este es un reto para la fiscalía, porque debe resolver ahora un caso sobre el cual hay mucha presión política y sobre el cual ya hay una resolución del año 2007 que determina que García, Giampietri y Mantilla no deben ser incluidos en este caso.





Luis Giampietri, Vicepresidente del Perú



La fiscal debe emitir opinión sobre esa resolución antertior. Esta semana el expediente será devuelto a la fiscalía para que Ibáñez haga las modificaciones que considera necesarias", indicó Carlos Rivera, coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL).

Agustin Mantilla Campos
Demora
"La fiscal primero va a tener que determinar quiénes son los que considera autores intelectuales y habrá que preguntarse si va a colocar al presidente, al vicepresidente y a Mantilla, luego de eso tendrá que haber un período de ampliación de la instrucción", agregó el letrado quien, sin embargo consideró que esta ampliación de instrucción representa para la parte civil un retraso del juicio, pues esperaban que antes de fin de año comenzara el juicio oral por la matanza ocurrida en la isla penal de El Frontón.
"Esto retrasa el proceso. Esperábamos que se presente la acusación del caso. Nosotros queríamos que el juicio oral inicie pronto y luego con la sentencia ampliar el caso a los que ordenaron la matanza", sostuvo el abogado Carlos Rivera.
Testimonios
Explicó quer varios testigos han contado que, luego del bombardeo contra los presos, las tropas que ingresaron remataron a los heridos y fusilaron a otros sobrevivientes sin piedad, pues hay versiones que corroboran haber visto con vida a varios de los presos por terrorismo tras el bombardeo, y que después aparecierno muertos.
Julio Quintanilla, agente titular del Estado Peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2003, dijo que debe haber un audio sobre toda la operación, sobre las órdenes que se daban, sobre lo que dijeron en aquella época.
"Nosotros hemos accedido a información del mismo comando de operaciones del debelamiento en el que minuto a minuto se dice: 16:45, el miembro del Ejecutivo se conecta con el alto mando en un helicóptero aire-tierra a través de una señal de radio VHF. Esto quiere decir que el presidente de la República directamente estaba informado de todo lo que acontecía...".


Marcelo Puelles - Redacción

Entre Dos Fuegos

Entre Dos Fuegos
FUENTE: CARETAS EDICION 2100 - 15/OCT/2009


Actualidad :::: Marta Silva, ex pareja de César Gutiérrez, estaba detrás de las denuncias contra él y Lily LeMasters. Pero auditoría pone en serio entredicho versión de supuesta coima.


MARTHA SILVA: EX PAREJA DE CESAR GUTIERREZ

La primavera invadió el otoño neoyorquino. Allí pasaron los últimos días el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, y la ex traductora de la empresa noruega Discover Petroleum, Lily LeMasters. El romance de la pareja no parece haberse visto afectado por la denuncia que hizo el último domingo Marta Silva Romero, ex "pareja no formal" de Gutiérrez –como la describe él mismo– que se presentó en el programa Cuarto Poder y denunció que éste recibió una coima de US$ 300 mil por parte de la empresa noruega Discover Petroleum para asociarse con la petrolera estatal.


La Petronovela continúa. Aquí, la pareja esta semana en Nueva York.




La seria acusación de Silva deja además en claro que fue ella la fuente que facilitó al diario El Comercio las fotos que confirmaron la semana previa relación sentimental entre Gutiérrez y LeMasters (CARETAS 2099). En el primer reportaje el diario no se animó a acusar directamente a Gutiérrez de haber sido sobornado para constituir la asociación que derivó en el escándalo de los "petroaudios". Con la salida al frente de Silva todas las cartas quedaron puestas sobre la mesa.



Desde Nueva York, Gutiérrez respondió a CARETAS con un importante as bajo la manga: la auditoría que Ernst & Young realizó sobre los gastos de Discover. El estudio fue validado por Ocatrim, la estricta oficina del gobierno noruego que investiga posibles actos de corrupción de las empresas de ese país por fuera de sus fronteras. Como resultado, remarca LeMasters, "no se realizó ningún cargo de corrupción contra la empresa. Es una infamia de esta señora".



Gutiérrez recuerda que "fui interrogado por muchas horas. Revisaron todas mis comunicaciones, hicieron una auditoría contable y financiera, las cartas fianzas, los viajes, lo que contrataron con el señor Rómulo León. Todo estaba fundamentado con facturas y contratos. Se presentó una memoria ejecutiva de la auditoría ante la comisión de investigación parlamentaria".



Gutiérrez también cuestiona el fondo de la denuncia de Silva. "Ella dice que era un negocio de US$ 600 millones. ¿De dónde saca eso?". Recuerda que las cinco licitaciones que ganó Discover son de exploración en la costa. En tres de ellas no tuvo competencia porque ninguna otra empresa se presentó. "Pasas por dos años de etapa pre-exploratoria. Si los indicios que obtienes no son buenos, te retiras y perdiste por lo menos US$ 25 millones. Si hay indicios entras en la etapa exploratoria, donde te puedes gastar US$ 20 millones, US$ 30 millones. Es fácil gastar US$ 100 millones antes de entrar a la explotación. Entonces de qué ingresos seguros hablamos. Es simplemente una calumnia".





Gutiérrez promete denuncia penal no solo contra Silva, que estuvo inubicable los últimos días, sino también contra el diario El Comercio. Argumenta además que tiene cómo demostrar que su relación con LeMasters comenzó en diciembre del 2008, luego de la licitación frustrada con los "petroaudios".


Aunque Gutiérrez no cuenta con una copia de la auditoría de Ernst & Young, CARETAS pudo acceder por otras fuentes en Lima a los detalles de su contenido.
La auditoría fue supervisada por Trym Gudmunsen y Bjarte Johnson (senior manager) y abarcó desde enero del 2008 hasta el 3 de octubre del mismo año, dos días antes de la difusión de los petroaudios. Su presentación fue realizada el 26 de noviembre del mismo año.


Señala que los gastos hechos exclusivamente en el Perú fueron de US$ 330,957.00 dólares americanos distribuidos de la siguiente forma:

- US$ 63,900 pagados a Rómulo León.
- US$ 76,637 en pagos a Ernesto Arias Schreiber (de ese monto US$ 13 mil fueron invertidos como capital social de la empresa que se conformaría en el Perú).
- US$ 185,420 depositados como fianza en el Scotiabank, en una de las cuentas del abogado Ernesto Arias Schreiber. Al ser congeladas las cuentas bancarias del abogado, ese dinero se encuentra ahora bajo tutela judicial).
- US$ 5,000 fueron pagos hechos al Estudio Miranda y Abogados. En uno de los "petroaudios", Arias se queja con Quimper porque así, hacia el final del proceso, Discover pretendía reemplazarlo y sacarlo del camino. La relación con el Estudio Miranda duró poco y se quebró apenas se dieron a conocer los primeros "petroaudios".
A esos montos la auditoría agrega los US$ 100 mil cancelados como honorarios al mexicano Mario Díaz Lugo y US$ 110 mil al estudio de abogados noruego, Steenstrup Stordrange, que apoyó a la empresa en el país escandinavo.Para los noruegos, entonces, la "Operación Perú" tuvo un costo total de US$ 541,060.00, que equivalen a 2'988,842.00 de coronas noruegas.

Los hombres de Discover: Díaz Lugo y Kjaerstad

El dinero tampoco salió por completo de las arcas de DPI. La información de la auditoría indica que fueron varias las empresas, todas ligadas al noruego Jostein Kjaerstad, las que financiaron la "Operación Perú".
- Electro Magnetic Time Vision (EMTV): US$ 67,531.00- Petromarker: US$ 42,581.00- Discover Petroleum: US$ 232,057.00- Discover Petroleum International: US$ 198,900.00

El volumen de 800 páginas viene siendo traducido para ser presentado al juez Jorge Barreto, quien investiga las supuestas irregularidades en la concesión de lotes de exploración a Discover Petroleum International.


Juez Jorge Barreto recibirá denuncia de procurador Jorge Luis Caldas contra César Gutiérrez




Pero no solo contratos, facturas y boletas fueron analizadas en la auditoría. Un riguroso seguimiento de correos electrónicos y llamadas telefónicas entrantes y salientes de las sedes de DPI también fue investigado.

Gutiérrez explica que Silva lo viene chantajeando con las fotos desde hace meses y que estas fueron tomadas en abril pasado durante un viaje a Punta del Este al que asistió para ofrecer una conferencia y al que se acompañó de LeMasters. Según su versión, habrían sido obtenidas mediante el "hackeo" de sus comunicaciones electrónicas. Hace un mes Gutiérrez presentó una denuncia policial por amenazas telefónicas y de mensajes de texto que recibieron sus hijas y su ex esposa. Sospechó entonces de Silva.

"Fue un relacionamiento de larga data donde no se dieron las formalidades", explica sobre el vínculo que lo unía con Silva hasta el 2008, quien trabajaba en su oficina de consultoría. "Yo era un visitante en su casa, eso es innegable. Yo conocía a su familia, pero ella no a la mía".

LeMasters es más directa. "Pienso que es una persona que está muy despechada porque pese a los años nunca consiguió formalizar la relación. Al ver que yo ocupo un lugar que ella nunca pudo tener, que soy cercana a las hijas de César e incluso a la madre de ellas, no lo ha podido soportar. Es un tema de celos".

Pero la segunda gran acusación de Silva tiene poco de melodrama. Sostiene que, mientras era presidente de Petroperú, Gutiérrez efectuó asesorías a compañías y ella pasó los recibos a nombre suyo. Esto habría generado la deuda de más de S/. 108 mil que mantiene ahora con la Sunat. Silva factura como periodista.

Gutiérrez responde que "cuando me voy a Petroperú en agosto del 2006 no volví a mi oficina. Dejé de prestar actividades de consultoría asociadas al sector. La señora Silva aprovechó los contactos. Yo le dije, si tienes información privilegiada, aprovéchala. Esto a cambio de nada. Muchas de las cosas que ha hecho son organización de eventos, trabajo con la problemática del gas, logística, el relacionamiento con empresas del sector". Cuando llegó el problema de los impuestos, continúa, "ahí se asustó y me pidió ayuda".


Un cabo suelto es el mantenimiento de la relación laboral con Silva a pesar de que la personal se tornó supuestamente tan difícil. "Yo no mezclo las dos cosas", responde Gutiérrez, y desafía a preguntarle a empresas como Petrobras, señaladas por Silva, si es que él les ofreció asesorías mientras dirigió Petroperú.


Señala a Saba por "hostilización laboral".



Gutiérrez cuenta que desde hace meses sufre de "hostilización laboral", que atribuye a sus críticas en torno a la política de exportación de gas. "Estuve asesorando a la Sociedad Nacional de Industrias (SNI). Luego que Eduardo Farah se fue en junio, continué el trabajo. Hace tres semanas estaba en su casa con él y lo llama Sofía Ruiz, gerente legal de la SNI y le dice, con el altavoz encendido, que su hermana trabaja en Perupetro y Daniel Saba los invitó a no tomarme más en cuenta en la SNI. No pude encontrar a Saba, hablé con su esposa y le comenté la situación. El premier Javier Velásquez Quesquén sí me devolvió la llamada y me dijo que no iban a tomar una actitud así conmigo".
Desatado el escándalo, Velásquez se ha mostrado a favor de investigar a Gutiérrez para determinar el "alcance de sus responsabilidades" y negó que Gutiérrez fuera "militante del APRA. Él era parte del equipo del Plan de Gobierno de Perú Posible, inclusive fue funcionario del régimen pasado". El especialista en hidrocarburos, que viajó a Nueva York con la autorización del juez Jorge Barreto, prometió volver el miércoles 14. De ser así será recibido con una denuncia penal formulada por el procurador anticorrupción Jorge Luis Caldas. Lo llamativo es que, según anunció Caldas, esta será presentada por delito contra la administración pública, debido a las supuestas asesorías encubiertas. No incluye, sin embargo, la acusación principal por la coima de US$ 300 mil. Gutiérrez tiene ahora un gran desafío por delante. Y a la señora Silva también le queda mucho por explicar.


Lo que Hablaron
El encuentro de César Vega Vega con Alberto Quimper.

Vega Vega dice que Quimper lo amenazó pero no recuerda sobre qué tema.


El presidente de la Corte de Lima, César Vega Vega, fue otro de los magistrados que fueron aludidos por Alberto Quimper en los audios que la jueza María Elena Martínez viene escuchando para determinar la naturaleza de las interceptaciones telefónicas que hacía la empresa Business Track.

El diario La República señaló que Quimper mencionaba que Vega fue "mal asesorado al cambiar a una jueza de nombre Miluska y que hablará con él para que sea repuesta". Vega Vega, por su parte, hizo interesantes revelaciones sobre una visita de Quimper a RPP el 2 de octubre pasado. "Él dijo que yo estaba favoreciendo a una parte y que el presidente Alan García había ordenado una severa investigación y que me cuidara porque podría verme perjudicado en ese tema...". yo lo
Ese mismo día, en conferencia de prensa con el presidente del PJ Javier Villa Stein y otros magistrados supremos, Vega Vega indicó que no recordaba la fecha de esa reunión ni el tema que se trató.

Fuentes ligadas a Quimper dijeron a CARETAS que él sí recuerda el motivo de la reunión. A mediados de noviembre del 2007, el tributarista que entonces ejercía la defensa de la minera canadiense Sulliden, se acercó al despacho de Vega Vega para reclamarle irregularidades que se daban en ese momento en el proceso entre su patrocinada y la familia Sánchez Paredes.

En menos de un mes, Vega Vega cambió tres veces a los jueces del 55o Juzgado Civil de Lima que veía la anulación de un laudo arbitral que favorecía a los canadienses.

CARETAS informó sobre el tema en el artículo "El carrusel de la Corte" (Edición 2007), donde se informó que Vega Vega cambió inicialmente a la jueza Silvia Llaque Napa por el juez suplente Andrés Churampi. Pero 25 días después, Vega nuevamente decidió remover al magistrado y colocó en su lugar a la jueza Luisa Cano Freitas. Aunque la investigación del caso estuvo a cargo de la OCMA, la Oficina de Control lo archivó señalando la inexistencia de alguna conducta infuncional un año después.

lunes, 12 de octubre de 2009

JUEZ VIZCARRA EN LA MIRA

Juez Vizcarra en la mira
(FUENTE: PERU 21)

Más de 150 pobladores denunciaron que el magistrado pretende expropiarles su terreno. Vizcarra ya afronta otra investigación en la OCMA por presunto enriquecimiento ilícito.


La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) decidió iniciar otra investigación al juez especializado del Cono Este, Édgar Vizcarra Pacheco, quien ya afronta una acusación por presunto enriquecimiento ilícito.


Según informaron fuentes de la institución que preside la vocal suprema Elcira Vásquez, esta vez el magistrado titular deberá responder por una supuesta mala práctica de sus funciones judiciales.



La demanda ante la OCMA fue presentada esta semana por pobladores de la localidad de Las Terrazas de Carapongo, ubicada en el distrito de Ate Vitarte, quienes han acusado al magistrado de intentar expropiarles el terreno que ocupan desde hace más de 20 años.

"Los pobladores se han reunido con funcionarios de la OCMA y, luego de escuchar las denuncias, se ha decidido iniciar una investigación para observar si, tal como señalan los demandantes, el juez ha cometido alguna inconducta en el ejercicio de su función", refirió la fuente consultada.

En la reunión, el abogado de las más de 150 familias que residen en la mencionada urbanización, Sergio Collazo, denunció la existencia de una supuesta confabulación entre los jueces Vizcarra y César Magallanes –este último del Juzgado de Chosica– para proceder con el desalojo sobre la base de una demanda hecha años atrás por una persona ya fallecida.

Conforme se ha señalado, la vocal suprema Elcira Vásquez nombrará a un juez para que se haga cargo de la investigación al magistrado Vizcarra. De acuerdo con las normas de la OCMA, en un plazo de 30 días hábiles el juez designado deberá redactar un informe con los resultados de la investigación, la que incluirá una visita al despacho de Vizcarra.


Como se sabe, Édgar Vizcarra ya afronta otro delicado proceso en el órgano de control, que trata de determinar de dónde salieron los fondos con los que el magistrado adquirió tres viviendas en los distritos de Miraflores y de Magdalena.

De acuerdo con lo informado, la OCMA ya ha solicitado a la Oficina de Registros Públicos información sobre los bienes muebles e inmuebles que pudieran estar registrados a nombre del juez Vizcarra, así como de aquellos que se consignan a nombre de su esposa e hijos.

Además, se evalúa requerir a las entidades bancarias el detalle de los movimientos financieros de las cuentas del magistrado que labora en el Cono Este.