DENUNCIA CONTRA 5 VOCALES SUPREMOS.

DENUNCIA CONTRA 5 VOCALES SUPREMOS PERUANOS.

(nota de prensa)

El ex congresista Heriberto Benitez Rivas denuncio a los miembros de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia del Perú, presidida por Jose Luis Lecaros Cornejo e integrada por Raul Alfonso Valdez Roca, Hector Wilfredo Jose Ponce de Mier, Hugo Antonio Molina Ordonez y Jose Bayardo Calderon Castillo, por haber atropellado los derechos fundamentales y haber cometido graves violaciones al debido proceso legal en la tramitación de un pedido de extradicion solicitado por el Buro Nº 24 del Ministerio de Seguridad Publica de la República Popular China;y, asimismo, pidio formalmente al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que proceda a su inmediata destitucion.

HERIBERTO BENITEZ RIVAS

"Los magistrados supremos resolvieron favorablemente un pedido de extradicion, por defraudación de rentas de aduanas, contra un ciudadano chino, sin considerar que dicha solicitud es contraria a las leyes peruanas, ya que en China esa figura criminal es sancionada con cadena perpetua o pena de muerte; y, segun el articulo 517º del Codigo Procesal Penal peruano, no procede la extradicion de ninguna persona, en aquellos casos en que el Estado requiriente no asegure que no le aplicara la pena de muerte" sostuvo Benitez Rivas.

"Los vocales supremos, temerariamente, decidieron entregar a una persona sin tener la seguridad que la Republica Popular China no le aplicara la pena de muerte, sin ni siquiera tener a la vista una traduccion oficial del articulo 151º del Codigo Penal Chino; además, tampoco estudiaron el expediente, ni analizaron los tratados internacionales, ni tuvieron en cuenta las leyes peruanas vigentes, lo cual resulta inaceptable e inadmisible para un Tribunal Supremo" comento Benitez Rivas.

"Todas las barbaridades juridicas y atrocidades legales cometidas por los integrantes de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en la tramitación de la extradición solicitada por la Reública Popular China, estan plenamente demostradas y/o comprobadas en la accion constitucional de habeas corpus declarada fundada por el propio Poder Judicial (Exp. Nº 15-09-HC) y que salio publicada, en el diario oficial "El Peruano", el pasado 13 de octubre del 2009" informo Benitez Rivas.

Finalmente, Benitez Rivas, señalo que la conducta de los miembros de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema esta descrita como un hecho grave que compromete la dignidad del cargo y lo desmerece en el concepto publico; y, segun el inciso segundo del articulo 31º de la Ley Organica del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) deben ser destituidos.

Lima, 19 de octubre del 2009

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Hay algunos jueces intocables

Hay algunos jueces intocables

FUENTE: DIARIO LA PRIMERA- PERU / HERIBERTO MANUEL BENITEZ RIVAS - COLUMNISTA "EL DEDO EN LA LLAGA"

La Constitución Política determina que el Congreso puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, las cuales no surten efecto jurisdiccional alguno, ni deben interferir en el procedimiento judicial; sin embargo, aquellas pesquisas resultan incomodas cuando aparecen nombres de algunos miembros de la máxima instancia del Poder Judicial (PJ) o de magistrados cercanos al Poder Ejecutivo que se consideran intocables.

Las vacas sagradas del Palacio de Justicia no aceptan ser tocadas, ni con el pétalo de una rosa; incluso, se sienten tan endiosados, que mencionarlos en alguna investigación parlamentaria resulta una ofensa a la judicatura.

Ítem más, los jueces ligados al partido de gobierno deben cuidar al jefe de Estado de las tareas de fiscalización que realiza el Poder Legislativo, ya que todos podrían estar seriamente comprometidos en graves ilícitos penales.

Dichos magistrados saben, perfectamente, que las indagaciones pueden concluir con acusaciones constitucionales.

El Congreso analiza la responsabilidad política o penal de altos funcionarios. Por eso, algunos jueces vinculados al gobierno se alteran y ponen nerviosos; es más, están asustados, por las consecuencias y exigen una protección corporativa.

Ahora bien, el inciso cuarto del artículo 139º de la Ley Fundamental establece que los procesos judiciales por responsabilidad de funcionarios públicos y los que se refieren a derechos fundamentales garantizados por la Constitución, son siempre públicos; en consecuencia, el órgano jurisdiccional no debe alarmarse por la solicitud del Poder Legislativo para que les proporcionen determinadas piezas procesales.

El ordenamiento jurídico vigente debe respetarse; no cabe utilizar ningún pretexto para no acatar los dispositivos legales.

No existe ninguna justificación, ni argumento legal para que algún juez o Tribunal se niegue u oponga a entregar el material requerido por una Comisión de Investigación del Congreso.

El Poder Judicial (PJ) no puede resistirse a cumplir el requerimiento de los legisladores.

Actualmente, existe un vergonzoso enfrentamiento entre dos poderes del Estado que resulta perjudicial para el sistema democrático y el propio Estado Constitucional de Derecho; estamos ante una situación muy delicada e inaceptable.

El titular de la Corte Suprema de Justicia, en honor a la verdad, ridiculizó, públicamente, a un grupo de parlamentarios que acudieron al Palacio de Justicia.

El presidente del Congreso amenazó con denunciar a la magistrada del 34º Juzgado Penal de Lima, por un delito que ha sido derogado; y, en plena batalla legal incursionó el presidente del Consejo de Ministros (PCM) pidiendo la divulgación de los audios, creando una mayor confusión.

Esta extraña solicitud del portavoz del gobierno, ligado partidariamente al presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima (quien es jefe directo de la jueza a cargo de las pesquisas) hace suponer que el tema ya estaría políticamente controlado y, seguramente, los audios comprometedores desaparecieron.